Una oportunidad para emprender

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Se otorga a los trabajadores autónomos que hayan presentado concurso de acreedores tres años para pagar sus deudas. Si en ese plazo no las han podido afrontar en su totalidad, y un juez da su visto bueno, podrán quedar totalmente liberados de pagarlas. Todo el pasivo a excepción del que tenga con la Seguridad Social, del que solo se podrá librar de la mitad.

En ocasiones es más caro cerrar un negocio que montarlo. Lamentablemente, hoy en día es habitual oír o leer en los medios de comunicación casos en los que se describen situaciones límite: Perdieron su casa por un desahucio. Los créditos se sumaron año tras año hasta que ya no pudieron pagarlos. La ruina les llegó cuando ese aval que firmaron personalmente para apoyar una nueva empresa se convirtió en una trampa tras fracasar el proyecto. Da igual el origen de la deuda bancaria: la crisis no entiende de excusas, sino de facturas impagadas.

El entramado de empresas españolas, compuesto básicamente por pymes y micro entidades, ha padecido las consecuencias del choque entre el optimismo del pasado más próximo y la crisis: Cientos de dramas personales que llevan un mismo recorrido: el fracaso de un proyecto emprendedor que terminó en insolvencia.

De todos es sabido que la responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 del Código Civil, condena al deudor a responder de sus obligaciones «con todos sus bienes, presentes y futuros». En base a este principio, las últimas consecuencias de un concurso para una persona física supone que, si tras la liquidación de su patrimonio no queda satisfecha la deuda, el particular continúa obligado por ella.

Con el panorama descrito, es fácil deducir que con anterioridad a septiembre de 2013 los procedimientos de insolvencia no suponían ninguna ventaja para los particulares. Lejos de soluciones milagrosas, todo un escenario de desincentivos pedía una modificación de la Ley Concursal. Al menos, de parte de su articulado para dar a los más valientes una segunda oportunidad real.

Como solución, más voluntariosa que real, típico de las reformas legales parcheadas a proyectos de Ley elaborados para materias, que aunque “suenen” igual, son dispares, el legislador promulga la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. y con ella modifica también la Ley Concursal.

Fue en el otoño de 1913 cuando los españoles empezamos a familiarizarnos con expresiones foráneas como la fresh start o, mejor llamada y entendida, segunda oportunidad.

Este mecanismo, presente en Alemania y EEUU, contempla el perdón de la deuda tras un procedimiento concursal. Es decir, con él, el pasivo pendiente quedaría indultado y el deudor tendría esa segunda oportunidad para volver a emprender una nueva actividad productiva.

Se trataba, sin lugar a dudas, de una muy buena noticia para los trabajadores por cuenta propia ya que, aunque los autónomos seguían obligados a responder con su patrimonio, es decir, con sus bienes presentes y futuros, hasta que satisfagan su deuda quedaban exentos 300.000 euros para salvar de la tempestad su vivienda habitual y contaban con la ayuda de una nueva figura legal: El mediador concursal.

Pero el eco de la “segunda oportunidad”, ya no era claro y rotundo sino cada vez más lejano y confuso. ¿Por qué?

Porque en nuestro país, la reforma introdujo muchas restricciones que limitaban su alcance y hacían muy difícil su uso. Sólo podía acceder a esta segunda oportunidad cierta clase de deudores que cumplían un mínimo de requisitos: no haber sido un concurso culpable y satisfacer íntegramente las deudas de Derecho Público, créditos contra la masa, créditos privilegiados (por ejemplo, los garantizados con hipoteca) y el 25% de los créditos concursales ordinarios.

Conclusión, La Ley Concursal vigente y su retahíla de parches posteriores (20 veces modificada desde 2004) ha intentado, con mejor intención y peor acierto, subsanar algunas de las consecuencias de la deficiente legislación sobre gestión de insolvencias. Pero hasta ahora, la normativa ha ofrecido poco margen para los particulares afectados. Las estadísticas así lo confirman…….

10 meses después, de la benefactora Ley de Emprendedores, la realidad se impone y se constata que a pesar de las dificultades económicas por las que atraviesa el colectivo de los trabajadores autónomos, son muy pocos los que pueden acogerse al sistema voluntario de concurso de acreedores: En el tercer trimestre de 2014, de las 1.943 empresas que accedieron a este sistema de defensa patrimonial, tan sólo 54 fueron personas físicas con actividad empresarial, o autónomos. Aunque otras 433 fueron sociedades limitadas con una facturación inferior a los 250.000 euros.

Así las cosas y ante la insistencia del Fondo Monetario Internacional, el Gobierno se ha propuesto desanclar el emprendimiento en España y para ello ya trabaja en un nuevo proyecto destinado a los autónomos. Un nuevo plan, en principio integrado y posteriormente extraído, de una futura reforma concursal será conocido en España como ‘procedimiento de insolvencia para empresarios personas físicas’.

El borrador que está desarrollando el Ejecutivo podría entrar en vigor el próximo mes de abril a través de un Real Decreto-ley que el Ministerio de Economía quiere aprobar de forma urgente. Se trata, en pocas palabras de un procedimiento concursal para el autónomo, para el que se habilita un plan de pagos, y se amplían las quitas y esperas con Hacienda y la Seguridad Social. En síntesis, se otorga a los trabajadores autónomos que hayan presentado concurso de acreedores tres años para pagar sus deudas. Si en ese plazo no las han podido afrontar en su totalidad, y un juez da su visto bueno, podrán quedar totalmente liberados de pagarlas. Todo el pasivo a excepción del que tenga con la Seguridad Social, del que solo se podrá librar de la mitad.

Veámoslo con más detalle

Objetivos

Se pretende:

  • Incentivar la solicitud temprana de los concursos de acreedores
  • Presionar a las entidades financieras a ejercer una política responsable de concesión de créditos
  • Evitar la exclusión social de quienes sucumben en el intento de crear una empresa.

Protagonistas y beneficiarios

Se aplica a los empresarios persona físicas y pymes con pasivo inferior a 5 millones de euros y no más de 20 acreedores.

En España existen un total de 3.125.806 autónomos dados de alta en la Seguridad Social, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta cifra unos dos millones son personas físicas que desarrollan alguna actividad económica. Si entendemos que, según fuentes oficiales, el 20% de estos autónomos podrían acogerse a este nuevo procedimiento, cuando la quita total se refiera a la deuda de las Administraciones Públicas, podríamos afirmar que unos 400.000 autónomos estarían entre los beneficiarios del nuevo proyecto del Gobierno.

Procedimiento

Se prevén en principio dos vías para el procedimiento concursal, una extrajudicial y otra judicial aunque el proyecto intenta la máxima simplificación del sistema.

Debe tenerse en cuenta que la judicialización de los procesos es lo que hace que el concurso se ralentice para los autónomos. Los costes y tiempo de un juicio para los autónomos son inasumibles, por lo que se ven abocados al fin absoluto de su actividad.

En todo caso, la iniciación del procedimiento conllevará la suspensión de las ejecuciones durante el plazo de las negociaciones.

Garantías

Para que este procedimiento de insolvencia sea lo más efectivo posible se han confeccionado una serie de medidas con objeto de evitar el uso fraudulento del mismo. Para ello la normativa exigirá una declaración jurada al inicio del proceso en la que el deudor acredite que la liquidación se produce de forma involuntaria. Además, una vez solicitada la quita no se podrá volver a pedir en un plazo mínimo de tres años y, finalmente, en la apertura del concurso se incluirá al deudor en un registro público donde quedará reflejada la operación y del cual solo podrá salir cuando fuera considerado como deudor de buena fe por parte del Ministerio de Economía.

Resultado

  • Moratorias en los pagos a Hacienda y a la Seguridad Social de hasta dos o tres años en las deudas que tengan contraídas los autónomos con la Agencia Tributaria y por cotizaciones con SS.
  • Quitas totales o parciales en las deudas con acreedores privados: La quita definitiva de todas las deudas a las que se refiere el borrador de la norma se producirá sólo en caso de liquidación. Esto es, cuando el deudor sea insolvente total, éste podrá liquidar su negocio y/o recurrir a la dación en pago generalizada de sus bienes.

No obstante y como queda dicho, el texto prevé también algunos mecanismos para evitar el fraude, por lo que se tendrán en cuenta aspectos como que el deudor lo sea “de buena fe”, que no existan condenas en firme o que haya colaborado durante el concurso de acreedores.

  • Establecimiento de un mínimo inembargable: Se plantea, además, fijar un mínimo libre de embargo, que podría ser el equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI), que en 2015 asciende a 649 euros mensuales. De esta forma, la nueva norma equipararía a empleados por cuenta propia con los asalariados.
  • Supresión del rastro en los registros de morosos de aquellos autónomos a los que se les dé una segunda oportunidad.

Disidentes

La afectación a disidentes se establece según un sistema de mayorías, con posibilidad de arrastrar a acreedores públicos.

Fuentes del Ministerio de Economía subrayaron que se trata de un borrador y que el Decreto final, puede diferir de los documentos que están sirviendo para elaborar la norma. En todo caso, la futura ley de segunda oportunidad no hará fácil a los nuevos emprendedores hacer borrón y cuenta nueva. El propio texto reconoce que esa exoneración de deudas solo llegará tras “un riguroso elenco de requisitos” y de procesos que probablemente sean muy rigurosos y dependerán de la interpretación del titular del juzgado de lo mercantil de turno.

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